Columna del Presidente del CICyP, Dr. Adrián Werthein, publicada en el Diario La Nación el 11 de octubre de 2016.

 

Pocos meses atrás, en la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), entre otras cosas, dije: “Somos hijos de tiempos en los que el apego a la ley no está sobre nuestro escenario medular”. Si bien estos últimos 33 años han sido de consolidación democrática, vuelvo a reflexionar sobre puntos esenciales sobre los que es vital madurar.

A pesar de todo lo que hemos avanzado, todavía muchas personas consideran las leyes como meras sugerencias y no se sienten alcanzadas por ellas. Felizmente, no son la mayoría de los habitantes, pero en muchos países se vive la misma crisis de fe, tanto en las leyes como en las instituciones. En parte, porque el pago de los impuestos no vuelve a la ciudadanía en servicios tales como prestaciones de salud, educación, seguridad y administración de justicia.
América latina sufre la situación de sus frágiles democracias. Debemos entender que sólo fortaleciendo la república se asegura un pleno funcionamiento del Estado, de la sociedad y de la vigencia de los deberes y obligaciones democráticas. Sólo con democracia no alcanza. Hace falta más república. Hay muchos ejemplos a través del tiempo que hablan por sí mismos: Hitler, Mussolini, Chávez y muchos más han ganado reiteradamente elecciones.

Sin embargo, en nuestro país las instituciones no tienen una imagen positiva para la mayoría de los ciudadanos. Con datos de 2013, el Barómetro de Corrupción Global de Transparency International informa que, en ese momento, en la República Argentina, un 78% de los habitantes no confiaba en los partidos políticos; un 72%, en el Poder Legislativo; un 65%, en el Poder Judicial; un 70%, en las fuerzas policiales, y un 77%, en los funcionarios públicos. Felizmente, por otra parte, en ese momento, el 80% estaba de acuerdo en que los ciudadanos podían influir y participar en la lucha contra la corrupción.

A tres años de estos datos, el panorama no es muy diferente. Mientras asistimos a cambios interesantes y, por ejemplo, en el Poder Judicial hay movimientos ágiles -hasta sorprendentes o casi inesperados por la escasa expectativa que había-, hay muchos que, sin embargo, esperan resultados concretos en el esclarecimiento, juzgamiento y castigo a los responsables de casos de corrupción. Por su parte, el Poder Legislativo juega un papel clave para la democracia y la gobernabilidad. Ambos poderes necesitan vigorizar la identidad que la Constitución les otorga. Otras instituciones estatales, administrativas y reguladoras también deben dinamizar su actividad y dar una respuesta pronta y eficaz. Lo mismo debe replicarse en todos los organismos provinciales y municipales del país.

Una de las responsabilidades más importantes del propio Poder Ejecutivo es lograr la profesionalización y autonomía de los funcionarios públicos. Este desafío fue aceptado y puesto en práctica parcialmente por el actual gobierno nacional con la incorporación de profesionales con experiencia y formación en gestión en el sector privado. No obstante, falta aún encarar la formación de administradores públicos para todos los niveles, que aseguren estabilidad en la alternancia democrática y eviten que cualquier persona, sin los antecedentes y capacidades requeridos, pueda acceder a la administración pública. El desconocimiento y la incapacidad coadyuvan a fomentar la corrupción.

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Asimismo, como las instituciones del Estado manejan los fondos públicos, lo que es terreno propicio para hechos de corrupción, es necesario que los mecanismos de control estén firmemente establecidos, para verificar que la ejecución del gasto sea eficaz, legal y con arreglo a los principios del cumplimiento presupuestario.

Los organismos de control deben funcionar a pleno y, además, se debe evaluar la calidad del gasto público. Una buena gestión del control previene errores y desmanes en la administración y es una herramienta más para devolverles la confianza a los ciudadanos. La construcción republicana requiere de nuestra activa participación ciudadana. Es preciso tomar compromisos políticos y sociales, individuales y grupales. En los partidos políticos, organizaciones empresarias, gremiales, asociaciones civiles, etc., donde nuestra opinión se plasme en acciones que lleguen al conjunto de los ciudadanos.

Los medios de comunicación social han jugado un papel preponderante en nuestra sociedad. También ellos deberán tutelar el camino de quienes tienen la enorme responsabilidad de informar y formar opinión publica. Tenemos por delante un recorrido arduo. Incluir un número muy importante de conciudadanos en el mapa económico y social es tarea del conjunto. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. Dar empleo, tender una mano a las organizaciones que se dedican a las tareas sociales, pagar los impuestos y exigir que la rendición de cuentas sea oportuna, clara y eficaz.

Se ha abierto una esperanza en nuestro horizonte. De todos nosotros depende hacerla florecer, hacerla realidad. Una sociedad con menos mentira, más generosidad, más solidaridad y mucho más esforzada nos llevará hacia el camino que la Argentina nunca debió abandonar.